ATAQUE DE MILEI CONTRA EL TEATRO INDEPENDIENTE, LAS BIBLIOTECAS POPULARES Y EL PATRIMONIO
En un nuevo capítulo del proyecto libertario de despojo y saqueo, los últimos anuncios y decretos del Gobierno de Javier Milei no significan otra cosa que un cierre encubierto del Instituto Nacional del Teatro, de la CONABIP, de la Comisión Nacional de Monumentos y de diferentes institutos de investigación histórica, reduciéndolos y dejándolos obsoletos.
Usando un resquicio legal de la llamada Ley Bases -que prohíbe eliminar organismos de la cultura, pero permite fusionar o modificar su funcionamiento y rango- todos los entes de fomento podrían correr la misma suerte. El INCAA, el INAMu y el FNA quedan en la mira para ser las próximas víctimas.
El Instituto Nacional del Teatro es un claro ejemplo: se elimina el Consejo de Dirección, órgano fundamental compuesto por representantes de todas las regiones y sectores teatrales del país, para degradarlo a “unidad organizativa” dentro de una secretaría de Estado.
La sanción de la Ley 24.800 (Ley Nacional de Teatro) y la creación del INT fueron conquistas históricas. En sus casi tres décadas de funcionamiento, se propició el surgimiento y fortalecimiento de salas teatrales autogestivas con una política pública federal, participativa y sostenida, con subsidios para infraestructura, programación y funcionamiento.
Por su parte, la CONABIP tiene 155 años de probada trayectoria. Conformó y acompañó el crecimiento de una red y un movimiento de bibliotecas populares, que son modelo para América Latina y el mundo de asociatividad entre el Estado y la sociedad civil. Hoy son mojones indispensables para la promoción de la lectura, la participación comunitaria y la generación de pensamiento crítico.
Las presidencias y las comisiones de los institutos de investigación histórica (Juan Domingo Perón, Eva Perón, Juan Manuel de Rosas, Sanmartiniano, Yrigoyeniano, Browniano, Newberiano y Belgraniano) son cargos que se ejercen ad honorem, lo que desestima el argumento de que se cierran porque su funcionamiento genera cuantiosos gastos. Algo similar ocurre con la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, fundamental para la custodia del patrimonio.
Es más, se genera un nuevo problema, de empleados sin tareas y bienes públicos con peligro de ser rematados o malvendidos. Una vez más, falacias económicas para esconder un proyecto político que sólo es posible debilitando la resistencia, la memoria y la identidad de nuestro pueblo.